Resumen: Estima parcialmente el recurso en el único particular de dejar sin efecto la condena en costas al estar ante una estimación parcial de la demanda. Rechaza la acción de responsabilidad por deudas sociales, recordando que se trata de una responsabilidad por deuda ajena, ex lege, que se fundamenta en una conducta omisiva del sujeto al que, por su específica condición de administrador, se le exige un determinado hacer y cuya inactividad se presume reprochable, salvo que acredite una causa razonable que justifique o explique adecuadamente el no hacer, lo que implica que se funda en el incumplimiento de un deber legal por parte del administrador social, al que se anuda, como consecuencia, la responsabilidad solidaria de este administrador por las deudas sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución. Valorada la prueba, entiende que que debe de tenerse por acreditado que los administradores de la mercantil no han incurrido en una falta de diligencia o conducta antijurídica, sino que han sido otra las circunstancias, más relacionadas con la evolución económica y financiera y posiblemente con el cambio de modelo de negocio de la sociedad, lo que ha ocasionado la imposibilidad de hacer frente a la deuda. Igualmente rechaza la estimación de la acción individual por daños dado que no se aporta por la actora prueba alguna de este cierre de hecho en el que se apoya esta acción, ya desestimada en primera instancia.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala confirma la condena, por el delito de conducción temeraria, del conductor de un vehículo que, para evitar un control policial, apagó las luces, circulando marcha atrás, hasta que consiguió salir a una autovía por la que circulo con las luces apagadas y haciendo zigzag por los dos carriles de dicho sentido de circulación. Y para justificar la existencia de una situación de peligro concreto para los usuarios de la vía, la sentencia razona que "la temeridad manifiesta resulta de la velocidad exorbitante, y de la ausencia de la mínima reacción ante la presencia de otros vehículos que circulaban correctamente por la carretera, carretera de dos carriles uno en cada sentido de la marcha, lo que implica una temeridad que cabe calificar como manifiesta. Ello por cuanto por sí mismo está introduciendo una situación de grave peligro en la conducción y supone un riesgo para cualquier otro vehículo o peatón que pudiese encontrarse en su radio de acción. Esa situación es susceptible de ser imputada dolosamente por cuanto el acusado era consciente cuando condujo su vehículo y lo era también cuando para eludir un control policial lo condujo con las luces apagadas, a velocidad y provocando una persecución policial, aceptando el riesgo creado". Por otro lado, la sentencia recuerda cuál es el contenido del derecho a la presunción de inocencia y se refiere al valor probatorio de la declaración de los policías que intervinieron en los hechos.
